El Ministerio de Hacienda argumentó que el fallo de la Sala I, sobre al menos ¢400.000 millones adeudados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no establece que ese es el monto a pagar a la entidad autónoma.
Rocío Aguilar, jerarca de Hacienda, recalcó que es importante ver la resolución en detalle.
“Lo que ordena (la sentencia) es que se pongan de acuerdo en una metodología. No hay una determinación del monto”, afirmó Aguilar.
Un fallo unánime de la Sala I, 000197-F-SI-2018, notificado la primer semana de abril, confirma que el Estado debe pagar la millonaria deuda a la Caja, luego de al rechazar una apelación presentada en la administración de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018).
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La sentencia es parte del proceso iniciado contra el Estado costarricense, en el 2013, por el diputado José María Villalta, quien recurrió a los tribunales para obligar al Gobierno a cumplir con el financiamiento del traslado de los Ebáis (primer nivel de atención) del Ministerio de Salud a la Caja.
La transferencia de obligaciones a la CCSS se dio a inicios de la década de los noventa, con la llamada reforma del sector salud.
Desde entonces la entidad autónoma ha registrado, en los estados financieros del seguro de salud, los recursos adeudados y sus respectivos intereses.
Al cierre del 2018, la CCSS contabilizaba una deuda estatal por ¢846.258 millones, de los cuales ¢400.401 millones corresponden al traslado del primer nivel de atención de las personas cubiertas por el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
Otros ¢200.000 millones corresponden a pendientes de pago de asegurados por cuenta del Estado como menores de edad, reclusos y adultos mayores sin seguro.
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Del monto total pendiente de pago, solo ¢245.759 millones se encuentra cubierto por convenios de arreglo de pago entre la Caja con Hacienda y la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según los estados financieros de la entidad autónoma.
El Gobierno y la CCSS tienen conformada, desde hace varios años, una comisión especial en la cual han negociado arreglos de pagos por la deuda estatal.
Durante la administración de Laura Chinchilla se hicieron varios pagos extraordinarios los cuales se financiaron mediante la colocación de bonos de deuda.
En el Gobierno de Luis Guillermo Solís la vía usada fue la contratación de un crédito por $420 millones destinado principalmente para la construcción y mejora de los servicios hospitalarios en el país.