La Contraloría General de la República (CGR) reprendió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) por crear nuevas plazas de trabajadores sin contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

A ambas entidades públicas les aprobó parcialmente el presupuesto de este año, a finales del 2018, por no tramitar el permiso para contratar empleados ante la Autoridad Presupuestaria, unidad adscrita a Hacienda.

El caso más relevante fue el de AyA, pues le frenó la incorporación de 359 personas en plazas fijas, según consta en el oficio DFOE-0579 del pasado 14 de noviembre.

La Contraloría criticó a la entidad porque el gasto pretendido por ¢2.349 millones tampoco contaba con los ingresos aprobados, vía tarifas, por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La entidad también improbó otras cinco plazas que fueron creadas para la atención de la emergencia decretada con motivo del Huracán Otto.

La razón fue que la autorización de esas plazas, por parte de Hacienda, eran solo para el 2018, según explicó por correo electrónico Área de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría.

“Estas actuaciones (creación de plazas sin autorización) son usuales debido a que los procesos para la solicitud de aprobación son un poco lentas. Una vez que tengan el aval de la Autoridad Presupuestaria pueden hacer uso de las plazas si cuentan con la fuente de financiamiento respectiva”, detalló la CGR.

A Acueductos y Alcantarillados tampoco le autorizaron el incremento en el gasto del pago de horas extras por ¢510 millones.

“Por cuanto las justificaciones aportadas por objeto del gasto no permiten determinar la razonabilidad de dicho aumento”, señaló la Contraloría en el oficio de noviembre pasado.

El egreso total en extras para este año estaba previsto en ¢2.969 millones, según el la previsión de ingresos y gastos de Acueductos y Alcantarillados.

La Contraloría también improbó el gasto de ¢1.902 millones en jornales "por cuanto la contratación por esta modalidad se dirige a atender funciones permanentes de la institución asociada con su función sustantiva".

“Asignar recurso en estas condiciones resulta incongruente con los principios presupuestarios de universalidad e integridad, especificación y de especialidad cuantitativa y cualitativa, por cuanto implica desnaturalizar el carácter interino y temporal de la contratación efectuada con cargo a esta subpartida”, argumentó el ente contralor en su respuesta a AyA.

La CGR detalló a La Nación que cuando no aprueban un gasto, la institución puede efectuar una modificación presupuestaria durante el año, siempre y cuando los recursos estén reservados.

“Cuando se tratan de aprobaciones parciales en ingresos la institución no puede hacer uso de esos recursos mediante una modificación presupuestaria pues se les está recortando la fuente de financiamiento”, detalló la Contraloría.

AyA remitió a aprobación a la CGR un presupuesto inicial por ¢253.246 millones para el 2019.

Caso Senara

A Senara se le rechazó el gasto previsto para tres plazas de cargos fijos, por exceder las avaladas por la Autoridad Presupeustaria.

También se improbó el contenido presupuestario previsto para 18 plazas para servicios especiales, dado que correspondían su uso solo para 2018, se detalla en el oficio DFOE-0597, del 20 de diciembre pasado.

“Las sumas resultantes de las improbación señalada, implica la disminución por el mismo monto de los ingresos propuestos por la entidad”, se advierte a la entidad en el informe.