Tostadores de café y comerciantes denunciaron la intención de poner barreras a la importación de ese producto, mediante potestades conferidas al Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), contenidas en un proyecto de ley, actualmente en trámite en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la denuncia, el plan exige informar acerca de la concreción de los denominados Contratos de Consumo Nacional. También se pretende otorgar al Icafé la potestad de autorizar otro tipo de contratos, en una clara alusión a las importaciones.

Esta situación arrebata la libertad de comercio, de contratación y de libre negociación de precios, según los empresarios Hersel Orozco, gerente general y socio de Alimentos y Bebidas Regionales S .A., Miguel Sánchez, gerente general de Café Rey, S. A., José Manuel Hernando, gerente general y presidente de Distribuidora Café Montaña e Iván Fernández, gerente del Beneficio La Eva.

Junto con representantes del sector comercial, los tostadores advirtieron también de que las importaciones de café quedarían sujetas a la presentación de una norma técnica, la cual sería exigida por la Dirección General de Aduanas para cada cargamento.

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La iniciativa los obliga prácticamente a que su actividad empresarial quede a merced de un poder monopolístico excesivo e invasivo por parte del Icafé, aseguraron los empresarios tostadores del grano.

Los empresarios del sector café fueron acompañados en su denuncia por Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y por José Manuel Quirce, presidente de la Cámara de Comercio Exterior y Representaciones Extranjeras (Crecex). También los respalda la asociación Consumidores de Costa Rica.

A pesar de las protestas, Xinia Chaves, directora ejecutiva del Icafé, adujo que las dos medidas están actualmente vigentes para los beneficios de café que participan en la comercialización local e internacional del producto. Además, agregó, quien suscribe los contratos es el beneficiador y no el industrial o tostador, por lo cual no debería afectarles.

Recordó que desde 1992 existe la figura de los contratos de café, pero en aquel momento no se extendieron a los tostadores porque se sentía muy lejano el momento en el cual se necesitarían las importaciones. Por eso, ahora se pretende incluir en ellos el producto para consumo interno, sea de cosecha local o importado.

La Directora del Icafé aseveró que esa institución ha detectado centenas de intentos de exportar café traído del exterior mezclado con local, mediante los controles a las ventas al exterior para lo cual están autorizados.

“No entendemos por qué tanta alaharaca; pareciera que el negocillo (de importaciones de café) podría ser muy bueno”, señalo Chaves.

Los dos extremos

La polémica surge ante un proyecto de ley cuyo fin es regular las crecientes importaciones de café. En el periodo 2018-2019, del total de café consumido a escala interna en Costa Rica, 44% provino del exterior, lo cual corresponde a 233.727 sacos de 46 kilos o quintales.

Esas cifras suministradas por el Icafé indican que para abastecer el mercado interno en dicho periodo se utilizaron 291.759 quintales.

De acuerdo con el Icafé, en las condiciones actuales no hay ningún control acerca de la calidad y condiciones en las cuales ingresa el café importado. Además, tampoco existe control acerca de eventuales reexportaciones con sello de producción nacional de ese producto traído del exterior.

Esta eventual triangulación pondría en peligro la calidad lograda por el grano costarricense en los mercados internacionales, una estrategia que se ha mantenido desde hace más de 30 años.

Las importaciones de este producto se realizan especialmente de Honduras y Nicaragua.

Frente a las denuncias del Icafé, Fernández aseguró: “Nos parece abusiva y desproporcionada la manera cómo el Icafé quiere que quienes comercializamos e importamos café, tengamos que hacer registros previos de nuestras negociaciones privadas y además pedir autorización para poder comerciar según nuestros contratos de precios con proveedores"

La representante de los comerciantes destacó que aún más grave es que el artículo 117 le daría “poder de policía" a funcionarios del Icafé para que invadan propiedad privada, confisquen producto, quiten unidades de transporte y demás activos, si es que no se cumple con el mandato.

Los funcionarios que se autorizan para confiscar producto son parte de una institución que entraría a ser juez y parte, advirtió Fernández.

Quirce, presidente de Crecex, se sumó a las preocupaciones. “El texto de Ley presenta clarísimas violaciones a la libertad de contratación y establecimiento de precios mediante el principio de libre negociación, nuevas barreras no arancelarias al comercio y un inaceptable abuso policiaco en manos del Icafé", comentó.