La crisis financiera que enfrenta el Gobierno por tener más gastos que ingresos y la necesidad de cerrar ese hueco pidiendo prestado, ocasionaron que en el 2019, el presupuesto para obra pública sea el más bajo de los últimos 13 años.

De los ¢10,9 billones que el Poder Ejecutivo estima gastar, solo un 4,6% se destinará para proyectos de infraestructura, es decir, unos ¢505.000 millones.

Ese es el porcentaje más bajo que se presupuesta para inversión de capital desde el 2006, cuando la partida fue de solo un 3,8%, unos ¢190.000 millones.

Así se desprende de un análisis de los proyectos de ley del Presupuesto Nacional de los últimos 14 años, con cifras expresadas en colones de hoy (restando la inflación), lo que permite observar los crecimientos que están por encima del costo de la vida. No se incluyen los fondos externos ni los empréstitos.

El porcentaje es aún más bajo si se compara con el producto interno bruto (PIB), pues ese monto de ¢505.000 millones solo equivale al 1,48% del PIB previsto por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el año venidero (¢34,1 billones).

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reconoció que esta es una de las medidas de contención implementadas ante la crisis financiera, pues a junio, el déficit fiscal llegó al 2,8% de la producción nacional y el BCCR calcula que será superior al 7% del PIB para inicios del 2019.

Además, en el Presupuesto Nacional del próximo año, para el pago de intereses y amortización de la deuda se destinaron ¢4,5 billones, o sea, un 52,6% más que para este año (¢3 billones).

Ese monto significa un 41,6% del total del plan de gastos, el cual será financiado en un 53% con más deuda, pues los ingresos por impuestos bajaron.

“Si no corregimos el déficit fiscal y no intensificamos las alianzas público privadas, no es posible poder ver aumentos mayores en gasto de capital. Y eso es realmente una discusión importante porque durante los últimos años el país en buena medida ha cerrado su déficit básicamente con deuda y la renuncia a la inversión en infraestructura".

Así de enfática fue Aguilar durante la presentación del Presupuesto Nacional en la Asamblea Legislativa, el pasado 31 de agosto, e insistió en la necesidad de aprobar la reforma fiscal que actualmente se discute en el Congreso.

Ella y la contralora general, Marta Acosta, también alertan sobre las consecuencias que puede traer en la competitividad del país, la tendencia de designar una reducida porción del plan de gastos para obra pública.

”Los bajos niveles de gasto que se destinan a inversión y la preocupación de que estamos estrujando ese gasto (inversión), sacrificando calidad de vida, sacrificando infraestructura y la misma recaudación de impuestos. Cuando se genera infraestructura se genera capacidad de repago para el Estado. Tenemos un stock muy deteriorado, hay proyectos que necesita el país para su desarrollo", dijo Acosta.

LEA MÁS: Deuda del Gobierno estruja obras, salarios y gasto social

Caída del 20%

En términos nominales, este es el segundo año consecutivo en que se destinan menos recursos para obra pública. Si se compara el monto previsto para el 2019 con el que se incluyó en el plan de gastos del 2018, la caída es de un 20,5%, cerca de ¢131.000 millones menos.

Esa reducción asciende al 26% (¢181.000 millones) con relación al presupuesto del 2017.

En esta oportunidad, el Gobierno optó por quitarle poco más de ¢33.000 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP), dinero que en su gran mayoría iba destinado a las Juntas de Educación para la construcción de escuelas y colegios.

“Al existir una gran cantidad de recursos en Caja Única a nombre de las Juntas de Educación y Administrativas de los centros educativos, significa que muchos proyectos de infraestructura se encuentran en proceso o no se han podido iniciar, es por esto que se ha limitado la cantidad de recursos para el 2019”, alegó el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.

Además, se recortaron ¢55.000 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la construcción y mantenimiento de carreteras, así como para la compra de vagones de tren.

No se consideraron recursos para dos proyectos que sí estuvieron presupuestados para el 2018: La vía de acceso a la terminal de Contenedores de Moín, pues ya se concluyó; y la construcción del tramo de la nueva carretera a San Carlos entre Sifón, en San Ramón, y La Abundancia, en San Carlos, debido que la obra no cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República.

El MOPT tampoco solicitó recursos para la compra de vagones de tren, ni para el convenio de cooperación con el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) para la construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación y Centros Integrales de alimentación infantil.

65% de los recursos para el MOPT

El 65% de los recursos destinados para infraestructura pública son girados al Ministerio de Transportes principalmente, para la conservación, construcción y mejoramiento de la red vial del país; atender emergencias y desastres; y para obras marítimo portuarias.

Un 10% restante queda en manos del MEP, un 9% en la Presidencia de la República y otro 5% en el Poder Judicial.

Por ejemplo, la Corte presupuestó ¢13.000 millones para la adquisición y sustitución de la flota vehicular de la entidad, encargada de la “recolección y traslado de documentos, y para el traslado de funcionarios judiciales que deben desplazarse a distintas partes del territorio nacional”.

Empréstito del BID, fideicomisos y licitaciones, las alternativas

Ante la falta de recursos propios, la salida que tiene el Estado para construir obra pública es a través de la figura del fideicomiso, o bien, mediante licitaciones públicas, donde la empresa privada y los bancos ayuden con el financiamiento.

Al mismo tiempo, se dispone de un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $850 millones, aprobado desde el 2008, para obra pública que no se ha ejecutado en su totalidad.

Incluso, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, ya anunció que presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para reasignar $350 millones de ese préstamo para apurar la ejecución de proyectos viales atrasados en Limón, San Carlos, San Ramón y Cartago.

LEA MÁS: Gobierno pedirá a Congreso reasignar $350 millones de un préstamo del BID para atender rutas atrasadas

La contralora Marta Acosta va más allá, ella afirma que la problemática para construir obra pública no se limita solo a la falta de recursos, sino también a la ausencia de planificación y las dificultades para ejecutar préstamos internacionales como el del BID.

“El país tampoco ha sabido ejecutar bien esos recursos, tendríamos quizás más obra pública en este momento, e igual estamos pagando comisiones de compromiso por algunos créditos internacionales que no se han usado”, dijo Acosta, quien considera que la figura del fideicomiso no necesariamente es la mejor opción.

"Un tema importante, que a nosotros nos preocupa, es ver cómo se convirtió que todo es por fideicomiso, se lo doy a alguien y ya (...).

“Siempre hemos dicho que antes de optar por un fideicomiso, la administración tiene que pensar en cuáles otras opciones tiene, a veces se cree que es mejor un fideicomiso que una licitación pública y no necesariamente. ¿Cuánto me va a costar? Las comisiones de algunos fideicomisos son muy altas”, expresó Acosta.