Natasha Cambronero. 18 diciembre, 2018
Por este caso, el pasado 7 de diciembre, Óscar López fue indagado en las instalaciones de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en los Tribunales de Justicias en San José. Foto: Mayela López

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó a los exdiputados del PASE Óscar López y Rita Chaves, por una aparente estafa de ¢113 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones del 2010.

Según el Ministerio Público, López y Chaves habrían simulado contratos de alquiler de vehículos para inducir a error al TSE y así acceder, de manera “fraudulenta”, a un monto mayor de la contribución estatal.

El Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) supuestamente facturó arrendamientos de carros que se ofrecieron de forma gratuita, o bien, por los cuales se canceló un monto inferior al consignado en los contratos.

La Fiscalía cuestiona decenas de contratos de ese tipo, que en apariencia, se suscribieron durante la campaña electoral del 2010 y para movilizar militantes a las asambleas distritales de la agrupación, como parte del proceso de renovación de estructuras.

Además, por esos hechos, a Rita Chaves le atribuye un presunto delito de uso de documento falso y se acusa a una exregidora del PASE, de apellidos Montoya Calderón, por ser en apariencia coautora junto con López y Chaves, de la supuesta estafa en perjuicio del Estado.

Junto a ellos tres, figura un cuarto imputado, el notario de apellidos Ruin Céspedes, a quien se le achacan aparentes delitos de falsedad ideológica, porque habría autenticado los contratos ficticios de arrendamiento.

El Ministerio Público inició las pesquisas luego de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE presentó una denuncia con el resultado de una investigación preliminar sobre los hechos hoy acusados, en el 2013.

‘Estoy celebrando con mucha felicidad esta situación’

Óscar López dijo sentirse tranquilo y confiado en que se probará su inocencia en los tribunales, asegura que la acusación de la Fiscalía es “absolutamente ilegal”, que se basa en testimonios de personas que mintieron y que tiene las pruebas para traérsela abajo.

Según él, la acusación en su contra se trata de “politiquería barata” y fue construida por un grupo de personas, que ya tiene identificado, pero dijo preferir reservarse los nombres para el juicio, ya que no confía en el accionar del Ministerio Público.

“Esta es la oportunidad de oro que yo he estado esperando por un montón de años. La oportunidad para yo poder desenmascarar a un grupo de personas que se han escondido para mentirle a Costa Rica por medio de una investigación del TSE y además, es la oportunidad que yo he estado esperando por muchos años para poder romper el silencio y aportar las pruebas ante un juez de la República. Yo estoy celebrando con mucha felicidad esta situación”, expresó López.

Y agregó: “Tengo cómo demostrar los seriesísimos errores en que han incurrido con la investigación y además, fundamentándose en declaraciones de personas mentirosas".

Mientras, Rita Chaves expresó en un mensaje de texto: “Estamos tranquilos, confiados en el debido proceso que aclarará el asunto, me abstengo a referirme más sobre el caso".

Procuraduría pide indemnización de ¢400 millones
La exdiputada del PASE, Rita Chaves Casanova (2010-2014). Archivo/La Nación

La Fiscalía ya comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR), órgano que decidió, el viernes pasado, también presentar una querella y una acción civil en contra de los cuatro imputados y el partido como tal, en esta causa, la cual se tramita bajo el expediente 13-000010-033-PE.

El abogado del Estado reclamará una indemnización de aproximadamente ¢400 millones entre el daño material y el daño social causado. Así lo confirmó la oficina de prensa de esa institución ante una consulta de este medio.

Por su parte, el Ministerio Público informó de que actualmente “se encuentra comunicando ambos documentos (acusación y querella) a las personas demandadas civiles, cuatro en total”.

Los imputados tienen cinco días hábiles para pronunciarse al respecto, y una vez cumplido ese plazo, la Fiscalía podrá presentar al Juzgado Penal la acusación, junto con la querella y acción civil de la PGR, para solicitar la apertura de juicio.

Posteriormente, el Juzgado deberá señalar una audiencia en la que se definirá si el caso se eleva o no a un debate oral y público.

Segunda acusación contra López y Chaves

Esta es el segunda acusación que el Ministerio Público presenta contra Óscar López y Rita Chaves en lo que va del año. En mayo pasado también pidió llevarlos a juicio por un presunto peculado, junto a otros dos exdiputados del PASE: Víctor Emilio Granados y Martín Monestel (2010-2014).

La Fiscalía Adjunta de Probidad les achacó supuestos “nombramientos fantasma", en plazas de confianza en la Asamblea Legislativa, a familiares suyos o amigos, quienes; sin embargo, no se habrían presentado a trabajar.

Y además, cuestiona el hecho de que se habrían usado dos plazas de asesores para que trabajaran con Óscar López en momentos en que él no era diputado.

Nota del editor: La información fue actualizada a las 3:10 p. m. con declaraciones de Óscar López.