Lima. El Congreso de Perú rechazó la madrugada de este sábado un adelanto de las elecciones generales al 2023, tal como había pedido la presidenta Dina Boluarte buscando una salida a la grave crisis social y política que atraviesa el país desde hace siete semanas.
El Congreso, con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, rechazó la iniciativa del adelanto de los comicios para octubre de 2023, inicialmente previstas para abril 2024. “Con esta votación queda rechazada la propuesta de reforma constitucional para el adelanto de elecciones”, dijo el presidente del Congreso, José Williams.
Pero al cierre de la sesión, con discusiones verbales entre congresistas rivales de fondo, el fujiomorismo presentó una “reconsideración” de esta votación que será vista el lunes, aunque es difícil que se revierta el resultado.
Boluarte, lamentó que el Congreso rechazara el adelanto de las elecciones para este año e instó a que se depongan intereses personales y partidistas para “allanar una salida a la crisis política”.
“Lamentamos que el Congreso de la Repúblíca no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales, donde peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades”, escribió la mandataria en Twitter.
“Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y colocar por encima los intereses del Perú”, añadió.
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Boluarte había pedido el viernes que las elecciones se programaran para diciembre de este año, una manera de salir más rápido del “atasco” actual con escenas de bloqueos, escasez y violencia en diferentes regiones de Perú.
No obstante, la propuesta votada en el Congreso incluso anticipaba las elecciones para octubre de manera que la presidenta, los congresistas y autoridades electivas entregaran el poder en diciembre de 2023.
Pero la izquierda insistió en que debía incluirse un referendo sobre la Asamblea Constituyente, propuesta rechazada por un amplio espectro de la política peruana. Otras fuerzas denunciaron una supuesta maniobra para sacar provecho electoral de parte de Fuerza Popular, partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
Dina Boluarte asumió el mandato del país en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre, por haber intentado disolver el Parlamento.
Las protestas y bloqueos de ruta para reclamar la renuncia de Boluarte, el adelanto de comicios y, en menor medida, convocatoria a una asamblea constitucional, no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.
La legisladora Susel Paredes, de centro, lamentó la falta de voluntad en el Congreso para el adelanto de elecciones y criticó a los partidos de derecha como Renovación Popular y Avanza País, que se opusieron al adelanto, igualmente al de izquierda que consideró se aprovecharon para impulsar una Asamblea Constituyente.
“No veo de ninguna de las dos partes una vocación de llegar a un acuerdo y de verdad necesitamos llegar a un acuerdo, para eso estamos los congresistas. Si estamos aquí representando a las distintas posiciones políticas y a las distintas regiones del país, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo”, indicó en entrevista a la radio RPP Noticias.
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En las regiones más furiosas con la destitución de Castillo, y ahora más afectadas por la caída del turismo y la escasez de productos básicos, solo quieren la renuncia de Boluarte.
“No podemos esperar. Tiene que ser pronto”, dijo a la AFP Sandra Zorela, una docente de 53 años en Cusco, joya del turismo internacional y paso obligado a la ciudadela inca Machu Picchu, actualmente casi cerrada.
El ministerio de Comercio y Turismo indicó el viernes que el sector ha perdido $6,2 millones diarios por la crisis política de los últimos meses, y se han cancelado 85% de los paquetes turísticos.
Entre los episodios violentos del viernes destacó el ataque a la casa del gobernador de Madre Dios, Luis Otsuka, por parte de un grupo que lanzó palos y piedras porque acordó con el Primer Ministro facilitar operaciones para desbloquear las vías en este departamento de la selva, a unos 1.500 km al sureste de Lima.
La Defensoría del Pueblo cuenta 46 civiles fallecidos en los enfrentamientos y un policía quemado vivo, además de 10 civiles -entre ellos dos bebés- muertos en hechos vinculados a los bloqueos.
Los prolongados bloqueos generaron escasez de combustible, gas licuado de uso doméstico y algunos alimentos en regiones del sur andino y de la selva, pobres e históricamente marginados del centralismo de Lima.
“No hay gas ni gasolina. En las bodegas solo se consiguen víveres no perecederos y todas las cosas están muy caras, hasta el triple de lo normal”, declaró el viernes a la AFP Guillermo Sandino, un experto en marketing radicado en Ica.
El Barrio Chino de esa ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de Lima, y punto estratégico en la conexión terrestre entre la capital y el sur de Perú, es clave en los cortes viales impuestos en más de 100 tramos.
Los ministerios de Defensa y del Interior anunciaron el jueves que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las carreteras del país tomadas por los manifestantes. Mientras tanto, en el centro histórico de Lima continúan convocándose manifestaciones.