El proyecto de ley de la reforma fiscal ya está en manos de la Sala IV. 14 diputados enviaron la consulta facultativa de constitucionalidad del expediente legislativo 20.580 el pasado viernes, y más diputados enviarán consultas en las próximas horas. Aquí te explicamos cómo es la misión de los magistrados y por dónde va el controvertido plan fiscal en su camino a convertirse en ley de la República.

¿Por dónde va la reforma fiscal?

Ponemos en negrita la instancia por la que va el plan fiscal en su carrera para ser Ley:

-Primer debate en la Asamblea Legislativa

-Consulta externa de instituciones

-Consulta facultativa a la Sala IV

-Segundo debate en la Asamblea Legislativa

-Firma del presidente Carlos Alvarado y publicación de la ley en La Gaceta

¿Cuál es la misión de la Sala IV y cuánto dura?

Lo que debe hacer la Sala IV o Sala Constitucional es responder las preguntas que los diputados le hacen sobre la constitucionalidad de ciertos aspectos de la reforma fiscal.

Estos puntos cuestionados por los legisladores pueden ser de fondo (sobre el contenido de las normas o artículos del plan fiscal cuestionados) o de forma (sobre el procedimiento como se negoció el plan fiscal).

Si son de fondo, lo que la Sala IV encuentre no es vinculante (no detiene el proyecto de ley), sino que más bien funciona como recomendaciones.

Si son de forma, lo que la Sala IV encuentre sí es vinculante (puede interrumpir el proyecto), y debe ser revisado nuevamente por los diputados.

El abogado constitucionalista Fabián Volio recuerda que la Ley dicta que la Sala IV se puede pronunciar de manera vinculante obligatoria SOLO sobre aspectos de forma.

“Lo que veremos”, explica entonces Alex Sibaja, exdiputado y analista legislativo, “es una respuesta, una resolución respondiendo cada uno de los asuntos que los diputados consultaron, nada más”.

Para esta fase del proceso, los cuatro magistrados propietarios de cinco que emitirán criterios (Fernando Cruz no votará*), más tres magistrados suplentes, tendrán hasta 30 días naturales a partir del momento en que reciban el expediente legislativo de la reforma fiscal. O sea que conoceremos su opinión a más tardar a finales de noviembre.

*Fernando Cruz Castro, magistrado propietario de la Sala IV, también es presidente del Poder Judicial, y como ya emitió su opinión sobre la reforma fiscal en la consulta externa de instituciones, entre las cuales estaba la Corte Plena del Judicial, dijo que se abstendrá de votar en la consulta de la Sala Constitucional.

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¿Qué es lo que tiene la Sala IV en sus manos?

Lo que ha recibido la Sala IV hasta el momento son 8 consultas de fondo hechas por 14 diputados (12 de Restauración Nacional, 1 de Frente Amplio y 1 de Integración Nacional) el pasado viernes 19 de octubre.

Para llevar el expediente 20.580 a consulta de los magistrados constitucionales solo se requiere al menos 10 votos de congresistas.

Las consultas de fondo buscan saber si hay inconstitucionalidad en ciertas reglas que están en la reforma. Estos diputados alegan y preguntan lo siguiente:

-Que se viola el principio de justicia tributaria al fijar un impuesto de 1% a la canasta básica.

-Que es inconstitucional incluir dentro del 8% del PIB para la educación los recursos destinados a la Red de Cuido y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

-Que reducir los montos destinados a las universidades estatales es un roce a la Constitución.

-Consultan si es posible derogar la norma que fija un monto específico tomado de la recaudación en renta y que hoy se destina al PANI.

-Que hay una violación al principio de conexidad por incluir en la reforma el perdón de deudas tributarias a través de la amnistía, así como derogar los destinos específicos que se envían al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), las juntas de educación y los CEN-Cinai.

-Si es inconstitucional la propuesta para establecer límites al crecimiento del gasto corriente a la CCSS, particularmente al seguro de enfermedad y maternidad.

-Que un artículo del plan fiscal pretende suprimir el derecho a la negociación colectiva en materia salarial, estableciendo que esta solo será posible mediante ley.

-Que obligar a los jerarcas de las instituciones a denunciar las convenciones colectivas limita el derecho a la negociación o la prórroga automática de los contratos de convenciones colectivas.

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¿Y las quejas de la Corte Plena y Fernando Cruz?

Nadie ha preguntado por ellas todavía, pero lo harán.

Los 14 diputados que enviaron consultas a la Sala IV no preguntaron nada sobre los cuatro puntos que la Corte Plena del Poder Judicial, presidida por el magistrado Fernando Cruz, criticó sobre la reforma (¿recuerdan cuando dijo que él, con su salario de más de ¢8 millones mensuales, era de clase media?)

La Corte Plena del Judicial se opone a la reforma fiscal si no se eliminan los siguientes puntos:

-La rectoría del empleo público del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre el Poder Judicial.

-La obligatoriedad de lineamientos técnicos del Servicio Civil para con el Poder Judicial.

-Disposiciones contenidas en la regla fiscal que puedan afectar el presupuesto asignado al Poder Judicial por Constitución o por leyes específicas.

-Las restricciones establecidas en el proyecto de ley en materia salarial y sus respectivos componentes para los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial.

Pero OJO: El PAC consultará a Sala IV si plan fiscal realmente afecta funcionamiento del Poder Judicial, solo que no lo ha hecho aún. Están a la espera de saber si envían la consulta solo ellos como partido o si otros partidos se le unen. Es posible que PUSC y el PLN también sigan estos pasos y tengamos varias consultas de distintas facciones legislativas en la Sala IV.

Pero OJO 2.0: Si la Sala IV le da la razón a la Corte Plena del Poder Judicial en que la reforma fiscal afecta el funcionamiento de la Corte de Justicia, entonces el proyecto de ley podría verse afectado, porque la única forma a través de la cual un proyecto de esta índole puede desligarse de la opinión de la Corte Plena es si cuenta con el respaldo de dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Legislativa (38 votos de 57). Y el plan fue aprobado en primer debate con 35 votos, no con 38. Además, un proyecto de ley que requiere 38 votos de 57 en la Asamblea NO PUEDE tramitarse de forma rápida como lo está haciendo el plan fiscal (a través del artículo 208 Bis del reglamento legislativo).

¿Realmente es importante la reforma fiscal?

Según el Gobierno sip. La reforma fiscal o el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es el remedio gubernamental para el crítico déficit fiscal que padecemos (el Estado gasta más de lo que gana).

Si no se aprueban los cambios en los impuestos de ventas y de renta, en empleo público y en la responsabilidad fiscal del Gobierno que espera meter la reforma (y con lo que pretenden recaudar ¢422.400 millones anuales extra), el déficit podría representar el 7.1% del PIB costarricense a final de año. En el 2019, por cada ¢100 que el Gobierno gaste, más de ¢50 provendrán de endeudamiento. Además, el país debía ¢16 billones a comienzos de año entre deuda interna y externa, y esta solo se ha acrecentado.

Todo esto empeora gravemente la confianza de mercados internacionales para la gestión misma de la deuda, según ha explicado la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

Actualmente, 46% de los impuestos que pagamos los ticos se destinan a pagar pluses salariales y pensiones de regímenes hay regímenes especiales con cargo al Presupuesto de la República.

Además: 1.800 funcionarios del Poder Judicial ganan más de ¢3 millones al mes. El plan fiscal, entre otras cosas, busca frenar estas características que hacen que el sistema recaudatorio sea deficitario. ¿Lo logrará? No se sabe. Por ahora la bola la tiene la Sala IV.

Además 2.0: Si todo sigue su rumbo actual, las universidades públicas gastarán ¢15.000 millones más en salarios el próximo año.

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