Desde comienzos de 2020, la pandemia obligó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a realizar compras urgentes de equipos médicos. Entre estos equipos, se necesitaban decenas de millones de mascarillas descartables para proteger al personal médico.

Para realizar estas compras de emergencia, la Caja creó una comisión especial para que evaluara las ofertas de los proveedores.

Esa comisión ad hoc estuvo integrada por tres funcionarios:

--Soraya Solano Acuña

--Nidia Medrano Durán

--Esteban Corrales Vega

Actualmente, estas tres personas enfrentan procesos administrativos por supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas.

Para adquirir los tapabocas y demás insumos médicos, la Caja utilizó un procedimiento llamado compras excepcionales, que se usa cuando urge adquirir algo en casos de pandemia, guerra, huelga o desastres naturales.

—La principal ventaja es que permite hacer compras en plazos muy cortos.

—La principal desventaja es que no tiene fase de apelaciones. Es decir, una vez que la comisión eligió adquirir equipos a un proveedor, los oferentes no pueden objetar el resultado. Esto limita la capacidad de frenar posibles irregularidades o actos de corrupción.

La mayor supuesta irregularidad en las gestiones fue la compra de 12 millones de mascarillas por unos $4 millones a dos proveedores que nunca habían vendido insumos médicos al Estado. Se trata de:

—MR Comunicaciones Políticas, una firma de la periodista española Miren Martínez Ruiz, que normalmente realiza asesorías de relaciones públicas y mercadeo.

—David Landergren Castro, un contador público costarricense de 32 años.

Las ofertas de ambas personas habían sido rechazadas el 13 de mayo por no cumplir con las especificaciones, presentar documentos en “idioma oriental” y no entregar muestras de los tapabocas a tiempo. Pero el 18 de mayo, con la aparente mediación de un funcionario llamado Hans Vindas Céspedes, ambas ofertas fueron reevaluadas.

Dichos proveedores ganaron contratos e incumplieron los tiempos de entrega.

En el caso de la periodista, le encargaron 5 millones de mascarillas, pero no entregó ni una.

Por su parte, el contador violó los plazos de entrega y tardó varios meses en honrar el pedido de 7 millones de cubrebocas, lo cual comprometió el abastecimiento de ese producto en clínicas y hospitales.

Ojo: Hans Vindas Céspedes, quien es asesor de la Gerencia de Logística de la Caja, ya había estado involucrado en presuntas irregularidades con compras de emergencia con la CCSS en 2011. Ese año, fue suspendido por cuatro meses con goce de salario mientras la Auditoría Interna realizaba una investigación por compras de medicamentos a un proveedor indio que estaba ligado a su madre. Entonces, Vindas se desempeñaba como gestor de medicamentos de la Caja. El proceso disciplinario no culminó en sanciones y la oficina de prensa entregó una copia del expediente disciplinario en un disco compacto a La Nación. En cuanto al caso penal, el Ministerio Público dijo oficialmente que en 2013 archivó el caso.

Además de las compras a los dos proveedores inexpertos que ya mencionamos, también hubo supuestas irregularidades con compras de mascarillas a una empresa de jardinería y a una chatarrera.

Explicamos los detalles a continuación, en un formato resumido paso a paso. Toda esta información ya ha sido publicada por La Nación, a lo largo del 2020, como parte de una investigación propia.

1) Primera presunta compra irregular: $4 millones a un contador y a una empresa de relaciones públicas

12 de mayo de 2020: La Caja inicia un proceso urgente de compra de 7 millones de mascarillas; en el camino deciden ampliar la cantidad a 12 millones debido a la emergencia. En el concurso, la Caja precisó:

—Los tipos de productos que requería.

—Las características que debían tener esos productos.

—Los certificados que debían presentar los oferentes (entre ellos, se tenía que entregar certificados de aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), en idioma español o traducidos por un traductor oficial).

—Y otros detalles.

13 de mayo de 2020, 9:00 am: Concluye el plazo oficial para recibir las ofertas de compra de emergencia.

La Caja recibe 18 ofertas.

Ese mismo día, la Caja remite a la comisión técnica las ofertas para ser evaluadas. Es la comisión que mencionamos al inicio, integrada por tres profesionales de Salud: Esteban Corrales Vega, Soraya Solano Acuña y Nidia Medrano Durán.

La comisión emite un informe en el que indica que ninguna de las ofertas presentadas por David Landergren Castro y por MR Comunicaciones Políticas cumplen con los requisitos.

15 de mayo de 2020: Jorge Quirós Cedeño y Maynor Barrantes Castro, dos funcionarios de la Caja al frente de los procesos de contratación, firman un oficio donde indican que la mejor oferta por cantidad de material ofrecido, precios y tiempos de entrega, es la de una empresa llamada HMG Investment Corp.

Esa compañía ofreció 7 millones de mascarillas por $2,9 millones, para ser entregadas en 53 días si viajaban en barco, o bien, en 38 días si viajaban por aire, en dos vuelos, pero con un costo de $3,8 millones.

La Caja le comunica a HMG Investment Corp. que ellos eran los seleccionados.

18 de mayo de 2020: aparecen dos nuevas ofertas, a destiempo, de David Landergren Castro, y de MR Comunicaciones Políticas.

Por medio de correos electrónicos, Hans Vindas Céspedes, asesor de la Gerencia de Logística de la Caja, pidió a la comisión técnica que revaluara esas dos propuestas.

En un nuevo informe técnico, tras la aparente insistencia de Vindas Céspedes, la Caja avala las ofertas de la periodista y del contador, ambos sin experiencia en este tipo de compras de insumos médicos para la Caja.

Estas son las compras que realiza la Caja entonces:

--MR Comunicaciones Políticas (de Miren Martínez Ruiz)

--Fecha oficial de la adjudicación de la compra: 27 de mayo de 2020.

--Orden de compra: 5 millones de mascarillas por $1,9 millones.

--Incumplimiento: Total. No entregó ni una mascarilla y la CCSS empezó el proceso de resolución contractual, el cual podría acabar en sanciones económicas o la inhabilitación para seguir siendo proveedora.

--David Landergren Castro

--Fecha oficial de adjudicación de la compra: 28 de mayo de 2020.

--Orden de compra: 7 millones de mascarillas descartables por $2,1 millones.

--Incumplimiento: Parcial. De acuerdo con la oferta presentada, se tenía que entregar 2,1 millones de unidades de mascarillas 13 días naturales después de la emisión de la orden. O sea, el 10 de junio. Esta entrega no se concretó a tiempo, sino hasta el 20 de julio, en tres partes. El resto, 4,9 millones de mascarillas, debían ser entregadas 30 días naturales después de la fecha de la orden de compra, pero esto tampoco se cumplió dentro de los tiempos acordados.

Ojo: Para contrarrestar los incumplimientos, la Caja realizó nuevas compras de mascarillas a otros proveedores.

Participación de Hans Vindas Céspedes y nexo con David Landergren

En noviembre pasado, dos funcionarias de la Caja revelaron una aparente mediación de Hans Vindas Céspedes a favor de los proveedores sin experiencia.

Laura Díaz, analista del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la CCSS; y Joanna Quirós, empleada de la misma área, comparecieron ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, y dijeron que Hans Vindas Céspedes intercedió para que la Caja completara órdenes de compra con MR Comunicaciones Políticas y con David Landergren.

En diciembre, La Nación comprobó que Hans Vindas Céspedes conocía a David Landergren.

David Landergren y su hermano, Axel Landergren Castro, trabajan en la misma oficina en Escazú, al oeste de San José, donde son cofundadores y dueños de la firma contable Landergren Consulting Group.

Según registros del Ministerio de Hacienda, Axel Landergren Castro presentó declaraciones juradas del impuesto sobre la renta de la empresa Inversiones Vinro 2016 S.A., una sociedad anónima de la que Hans Vindas Céspedes es presidente, y que posee un gimnasio en Alajuela.

O sea, David Landergren es hermano y socio del contador que Hans Vindas Céspedes contrató para su empresa, al menos hasta diciembre de 2019, cinco meses antes de presuntamente interceder para que la Caja firmara un contrato con David Landergren por $2,1 millones.

Además: parte de la investigación de La Nación también reveló que el 60% de las compras urgentes de mascarillas quirúrgicas descartables, realizadas por la Caja durante la pandemia, terminó en manos de un grupo integrado por David Landergren Castro, contador público; Rebeca Fernández Cordero, psiquiatra que laboró para la Caja entre 2009 y 2017, y Hazel Cordero Bogantes, madre de Rebeca Fernández y profesional en Derecho con experiencia en contratación administrativa y representante en Costa Rica de varias firmas chinas.

Estas personas, quienes admitieron conocerse y haber firmado un acuerdo de “consorcio privado”, recibieron tres contratos, por un total de $2,5 millones, para suministrar a la Caja 8.130.000 mascarillas. Ninguna de estas personas tenía experiencia en la venta o distribución de este tipo de insumos médicos. Sus contratos se otorgaron entre mayo y julio de 2020.

¿Quién investiga todo esto?

Hay investigaciones oficiales en tres frentes:

—En la Asamblea Legislativa, donde diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobaron una moción de forma unánime para investigar la compra de 12 millones de mascarillas.

—En la misma Caja, a través de Auditoría Interna de la institución. El jefe de Auditoría, Olger Sánchez, dijo a los diputados en setiembre pasado que él no “podía descartar que exista responsabilidad de funcionarios de mayor rango” en las presuntas irregularidades. La Auditoría de la CCSS incluso pidió ayuda a la Fiscalía para hacer más pesquisas.

—Además, en la Caja, la Gerencia General abrió a finales de enero de 2021 una nueva investigación contra el gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez, y a su asesor, Hans Vindas Céspedes, por “pérdida objetiva de confianza”.

—En la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde se investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y de influencia contra la Hacienda Pública, en dos causas abiertas por supuestas anomalías.

La primera investigación se abrió en agosto y se tramita bajo el expediente 20-000122-1218-PE. Se inició tras la investigación de La Nación.

La segunda investigación comenzó en setiembre y se tramita bajo el expediente 20-000175-1218-PE, luego de que un informe de la Auditoría Interna de la Caja revelara presuntas irregularidades en otra compra a la periodista Miren Martínez Ruiz, por $1,3 millones, para que suministrara 570.000 mascarillas KN-95, las cuales técnicamente se conocen como respiradores.

La Nación detectó que esta compra por $1,3 millones se pagó por adelantado el 7 de mayo de 2020 a MR Comunicaciones Políticas, seis días antes de que se revisaran —y rechazaran en primera instancia— los productos que este proveedor inexperto ofreció.

Ojo: mientras se investigan estas compras, los siguientes funcionarios públicos fueron suspendidos de sus cargos, al menos, con goce de salario:

—Luis Fernando Porras, gerente de Logística de la Caja hasta octubre de 2021, renunció en esa fecha para atender “proyectos profesionales y personales” (recibía un sueldo mensual de ¢4,8 millones).

—Hans Vindas Céspedes, asesor del gerente de Logística de la Caja, estuvo poco más de dos años separado del cargo con goce de salario (recibe una remuneración mensual superior a ¢1,5 millones).

—María Díaz Rivera, asesora del gerente de Logística de la Caja, también estuvo poco más de dos años separado del cargo con goce de salario (tiene un ingreso mensual superior a ¢1,5 millones).

2) Segunda presunta compra irregular: 700.000 mascarillas de uso no médico a empresa de jardinería

La Caja adquirió 2.890.000 mascarillas quirúrgicas descartables por $1,1 millones a la empresa de jardinería Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT. Pero al recibir un lote de 700.000 de esos cubrebocas en su almacén, el 30 de junio, resultó que no eran mascarillas de uso médico. Las cajas con el material, de hecho, venían con la inscripción en inglés: ‘non-medical use’ (uso no médico). La Caja no avisó en ese momento ni las rechazó.

Un análisis realizado por la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico, con fecha del 30 de junio, indicó que la Caja aprobó y aceptó ese producto de uso no médico “por interés público”, sin detallar a qué se refería con esa expresión.

La comisión valoró 50 unidades del lote mencionado y se limitó a decir: “Se verifica ingreso contra muestra (...). Se aprueba su ingreso y distribución; por el interés público”.

El 12 de julio, la Caja envió un comunicado de prensa informando de que se gestionaba un cambio urgente en un lote de 700.000 mascarillas descartables, porque estaban etiquetadas como de uso no médico.

El 13 de julio, en conferencia de prensa, el presidente de la Caja, Román Macaya Hayes, dijo: “el informe que tenemos de la Gerencia de Logística, no es que se compraron mal. Se compraron, en buena teoría, de acuerdo a las especificaciones. Fue que se entregaron sin ver que tenían una rotulación que decía ‘non-medical’. Ahora, si eso cumple o no con los criterios médicos, es otra cosa”.

A propósito, La Nación sacó este reportaje: CCSS faltó a la verdad: recibió 700.000 mascarillas sabiendo que no eran de uso médico.

La empresa que hizo la entrega del material equivocado, Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT, nunca le había vendido insumos médicos a la Caja o a cualquier otra institución del Estado antes de la pandemia.

Durante los últimos 14 años, esta empresa ganó más de 63 contratos con diez instituciones públicas diferentes. Solamente a la Caja y a la Municipalidad de San Pablo de Heredia les vendió mascarillas. Solamente una vez a cada una, y hasta abril de 2020.

Al resto de instituciones, les ofreció servicios de limpieza de cementerios, poda de árboles, mantenimiento de parques y áreas verdes, e instalación de zacate.

A principios de julio, la Caja comenzó a repartir el lote de exactamente 699.850 mascarillas no médicas en hospitales y clínicas de todo el país. Después fueron retiradas de los centros de salud ante posibles riesgos para el personal, y hasta la fecha no se sabe qué pasó con 250.000 de esos tapabocas.

Ojo: por esta compra, seis funcionarios de la Caja enfrentan una investigación administrativa:

—Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la Caja, quien ya dijimos que está suspendido con goce de sueldo.

—Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, quien fue trasladado a otras labores administrativas, como medida cautelar.

—Maynor Barrantes Castro, jefe del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, quien también fue trasladado a otras labores administrativas, como medida cautelar.

—Las profesionales en enfermería Shirley Ramírez Moya, Grace Corrales Saborío y Magda Canto Oreamuno.

3) Tercera presunta compra irregular: ¢88 millones en mascarillas a una chatarrera

El 4 de junio de 2020, la empresa Metales Tosha IP recibió un contrato de la Caja de ¢88 millones por 316.000 mascarillas, pese a no contar con experiencia en la distribución de equipos médicos.

Esta empresa, cuya dirección y número de teléfono indicados en la contratación, coinciden con la de la recicladora IMSA, ubicada en San Sebastián (San José), se inscribió como proveedora de la Caja apenas un día antes de la adjudicación. Fue el único oferente que participó en ese concurso.

Como reveló un reportaje de La Nación, desde el 2015, Metales Tosha IP ganó 58 contratos públicos solo para la compra de chatarra y residuos metálicos.

La chatarrera incumplió con la entrega de 1.050 mascarillas y luego intentó reponerlas con artículos de uso no médico.

En la actualidad, la empresa enfrenta un proceso administrativo en la Caja por posibles incumplimientos. Se expone a la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas y multas económicas hasta de un 25% de la suma adjudicada (¢88 millones).

Y yap. Podrás seguir la actualidad de este tema a través del siguiente enlace: Mascarillas de la Caja