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La Municipalidad de Santa Cruz hizo demoliciones en la zona marítima, entre ellas, estuvieron las edificaciones en playa Tamarindo. | ARCHIVO
El Gobierno trabaja en tres proyectos de ley que regularizarían en forma definitiva la situación de quienes ocupan tierras del Estado en costas, fronteras y refugios.
Mientras tanto, para evitar los desalojos y demoliciones de esas propiedades, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, dio ayer el visto bueno para la publicación de una ley que temporalmente evitará las demoliciones encargadas a las municipalidades.
Chinchilla calificó esta ley que declara la moratoria como un “paréntesis” que les dará el tiempo necesario para tramitar el remedio formal al problema.
La mandataria se mostró satisfecha por dar una solución legal a un sector de la población cercano al 10%. “Aquí estamos hablando de casi de 400.000 familias”, expresó.
El congelamiento cubre los desalojos o demoliciones en la zona marítimo-terrestre (ZMT), en los dos kilómetros aledaños a las fronteras y los terrenos de parques nacionales o refugios naturales.
La ZMT contempla los 50 metros públicos inalienables desde la línea de marea baja y los 150 metros siguientes de carácter restringido.
Entre las iniciativas presentadas ayer, se pretende regular las construcciones en las costas y poner a derecho la situación de sus ocupantes por medio de un plan regulador costero.
El segundo proyecto que se impulsa propone crear un marco regulador para la declaratoria de “ciudades litorales”.
La tercera propuesta es el Proyecto de Ley de Patrimonio Ecológico, cuya finalidad replantea el concepto existente del patrimonio natural del Estado.
El primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, quien asumió un papel protagónico en la ayuda a estos ciudadanos, calculó que solo el 6% de la ZMT es propiedad privada (gente que logró inscribir propiedades antes de 1977 cuando empezó a regir la ley de la zona marítimo-terrestre), menos del 20% es área natural protegida y el resto se distribuye en porcentajes inciertos entre concesiones.
En abril, Piva incluso amenazó con amarrarse junto a los vecinos de Gandoca-Manzanillo y Cahuita (Limón) para evitar que les demolieran sus viviendas.
El vicepresidente señaló la importancia de crear los planes reguladores, los cuales vendrían a solucionar parte de los problemas de las personas que viven en las zonas afectadas.
“Yo preveo que en un año, con cuatro leyes cortas se soluciona el problema”, manifestó un entusiasmado Piva.
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