Pérez Zeledón. Mercedes tiene 35 años de edad, desde hace más de 10 se dedica a laborar como empleada doméstica y en todo ese periodo solo una de sus jefas le pagó el seguro social y le mantuvo las garantías de la ley.
Al no contar con seguro social Mercedes (quien solicitó que no se revelara su apellido) se convierte en uno de los 432.000 trabajadores que cuando se enferman no pueden gozar de un subsidio obligatorio, según los datos que publicó ayer el Estado de la Nación en su decimoctavo informe.
Según cuenta ella, ha tenido experiencias de todo tipo, negativas y positivas, y desde hace casi dos años labora en una casa donde le pagan ¢5.000 por una jornada diaria, que puede superar las siete horas.
Esto quiere decir que Mercedes, casada y madre de cuatro hijos, gana unos ¢80.000 al mes, lo cual junto al aporte de su esposo que es constructor, les ayuda apenas para mantenerse.
Derechos y deberes. “Tenemos un contrato verbal pero ella desde un principio me dijo que no me podía pagar el seguro ni esas cosas; de igual manera yo acepté porque necesitaba el trabajo y además ella no me exige tanto, porque cuando a uno le pagan esos derechos también tiene más deberes”, dijo Mercedes.
Esta trabajadora doméstica explicó que de igual manera su esposo paga seguro como trabajador independiente y que se siente cómoda con el trabajo que actualmente desempeña.
“Uno a veces está enferma y mi jefa lo entiende e incluso me deja llevar a mi hijo menor al trabajo, el problema es que tengo que trabajar hasta los feriados, en cambio cuando a mí me daban todas las garantías si hubiera estado enferma tenía que ir”, explicó. Pese a que ella solo trabaja cuatro días a la semana, los días libres y las temporadas como Navidad y fin de año no se las pagan.