EscucharUnos 400 funcionarios públicos no declararon sus bienes ante la Contraloría General de la República, como lo ordena la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Ellos representan casi el 4% de los 11.000 personeros llamados a presentar este año su declaración.
La mayoría debía entregar el listado de bienes, a más tardar, el 1.° de mayo, a excepción de las personas nombradas por este Gobierno, que tenían otro plazo para hacerlo.
Estos últimos, entre los que se encuentran ministros y directivos de instituciones públicas, disponían de 30 días para hacer la declaración a partir de la fecha de su nombramiento.
La Contraloría informó de que notificó a los 400 funcionarios que no manifestaron cuál es su patrimonio, a fin de que cumplan con el trámite en un plazo de 15 días.
Si la falta persiste, la Contraloría puede entablar procedimientos disciplinarios contra ellos, conducentes a cursar amonestaciones escritas, suspensiones sin goce de salario por un período de 15 a 30 días y hasta despidos.
En algunos casos puede existir una justificación para el incumplimiento, agregó la Contraloría, pero este debe ser informado.
Esto se aplicaría a funcionarios incapacitados, con permisos sin goce de salario o que ya abandonaron la función pública.
El dato de 400 personeros que no han presentado su declaración puede variar, agregó la Contraloría, debido al nombramiento de nuevos funcionarios o a que otros son eximidos del trámite por presentar una justificación válida.
Las personas que deben declarar sus bienes son la Presidenta de la República, vicepresidentes, diputados, ministros, magistrados, procuradores, alcaldes, regidores y otros altos puestos como rectores y contralores.
Además, el mandato incluye a auditores y funcionarios relacionados con compras públicas o manejo de recursos, como proveedores y empleados de aduanas.
La declaración de bienes es exigida desde que, en el 2004, se aprobó la Ley contra la Corrupción.
Los diputados aprobaron esa normativa luego de que se desataron los escándalos de corrupción ICE-Alcatel y CCSS-Fischel.
Según datos de la Contraloría, 174 empleados fueron sancionados en los últimos cuatro años por faltas vinculadas a la declaración de bienes. De ellos, 56 recibieron amonestaciones, 69 fueron suspendidos y 49 despedidos. En su mayoría fueron alcaldes y regidores.
